Bilzin Sumberg

After the passage of Public Law No. 115-97, formerly known as the Tax Cuts and Jobs Act (the “Tax Reform Act”),[1] U.S. individual shareholders of controlled foreign corporations (“CFCs”) were faced with a difficult decision. As a general rule, when it comes to CFCs, the Tax Reform Act treats U.S. corporate taxpayers more favorably than U.S. individual shareholders, sometimes drastically so.  Individual U.S. shareholders thus had to consider, beginning in tax year 2018, whether…
As originators and brokers of mortgage loans continue to get served with new lawsuits (or threatened with potential suits) related to loans that they conveyed to aggregators prior to the financial crisis of 2008, questions almost inevitably arise as to how this is even possible: aren’t such claims time-barred under the applicable statute of limitations? The answer is more complicated than the originator or broker might have initially thought. It can depend on what state’s…
Anteriormente hemos analizado la manera en que los contratos gubernamentales no solo se utilizan para adquirir bienes y servicios para el público, sino también para otros objetivos de política pública. Por ejemplo, las regulaciones de adquisiciones en todos los niveles del gobierno (federal, estatal y local), con frecuencia incorporan preferencias en el proceso de licitación para ciertos tipos de compañías, como negocios pequeños, negocios locales, negocios cuyos propietarios pertenecen a minorías, etc. Las regulaciones…
La Ley de Reducción de Impuestos y Empleos (Tax Cuts and Jobs Act, TCJA) representa el conjunto de medidas de reforma fiscal más significativo que fue promulgado desde 1986. Incluidos en esta reforma hay una gran cantidad de modificaciones cruciales a disposiciones fiscales internacionales vigentes. Si bien muchas de estas modificaciones internacionales están directamente relacionadas con corporaciones de los EE. UU. con actividad comercial fuera de Estados Unidos, tendrán un impacto significativo en personas de los…
La mayor parte de la atención en torno a los aspectos internacionales de la Ley Pública n.° 115-97, anteriormente conocida como la Ley de Recortes Tributarios y Empleos (la “Ley de Reforma Fiscal”), se ha centrado comprensiblemente en las disposiciones salientes, incluidas la Sección 951A sobre el ingreso global intangible de baja tributación (Global Intangible Low-taxed Income, GILTI), Sección 250 sobre el ingreso intangible derivado del extranjero (Foreign Derived Intangible Income, FDII), Sección 965 (considerada como impuesto de repatriación),…
Se espera que, en los próximos años, el condado de Miami-Dade gaste 1,5 mil millones de dólares en mejoras para el Aeropuerto Internacional de Miami. Recientemente escribimos sobre el Plan SMART (Plan estratégico de tránsito rápido del área de Miami [Strategic Miami Area Rapid Transit, SMART]) del condado de Miami-Dade, que renovará nuestro sistema de transporte e implementará tecnología de ciudades inteligentes. Ahora, a través de asociaciones público-privadas, el condado tiene la oportunidad de acercar esta…
In the next few years, Miami-Dade County is expected to spend 1.5 billion dollars on upgrades to Miami International Airport. We recently wrote about Miami-Dade County’s SMART Plan, which will revitalize our transportation system and implement smart city technology. Now, through public-private partnerships, the County has the opportunity to bring this technology to Miami International Airport—the world’s gateway to the Caribbean, Latin America, and South America.…
Under current legislation, tax-exempt and other low cost financing solutions are not typically available for social infrastructure projects. The resulting higher cost of capital for social infrastructure projects raises viability concerns when the public sector procures projects with private sector-driven financings. As a result, historically, social infrastructure P3s have been outpaced by their surface transportation counterparts in the U.S. market. At the same time, deferred maintenance plagues public service facilities nationwide. For example, the…
Según la legislación actual, las exenciones impositivas y otras soluciones de financiación de bajo costo son opciones que no suelen estar disponibles para los proyectos de infraestructura social. Cuando el sector público gestiona proyectos con financiación proveniente del sector privado, el mayor costo de capital resultante para los proyectos de infraestructura social pone en duda la viabilidad de dichos proyectos. Como resultado, históricamente, las asociaciones público-privadas (P3) de infraestructura social han quedado rezagadas respecto…
La semana pasada, el Consejo Directivo de Michigan State University autorizó la negociación de un acuerdo de asociaciones público-privadas (P3) con el licitante ganador para una ampliación planificada de las instalaciones de salud e investigación de la universidad en el campus de Grand Rapids. La decisión marca una de muchas historias de éxito recientes de las P3 para el sector de educación superior. Anteriormente escribimos acerca de una reciente decisión judicial que propicia las…